SOLICITUD HOMOLOGADA POR EL IVAP - RESOLUCIÓN 105/17

El pasado 9 de noviembre de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/24/EU y 2014/24/EU, de 26 de febrero de 2014. La cuarta generación de directivas en materia de contratación.

Dicha Ley que transpone las Directivas introduce cambios sustanciales en el ámbito de la contratación pública. Las Directivas y la Ley se enmarcan en el marco de la Estrategia 2020 de la Unión Europea, siendo la contratación pública una herramienta que puede contribuir al desarrollo de políticas estratégicas de la Unión Europea y de sus Estados Miembros, en el marco del Mercado Único y del Principio de igualdad de oportunidades reconocido en los Tratados Fundacionales de la Unión Europea.

Se reconoce como novedad el principio de integridad, contemplado en el artículo 1.1. de la propia Ley, que persigue que la contratación pública se realice con honestidad y con respeto al interés general, introduciéndose mecanismos contra el fraude, la corrupción y el favoritismo en la contratación pública, incrementando las obligaciones de transparencia, regulando por primera vez el conflicto de interés y profesionalizando las mesas de contratación y en general los agentes que participan en el proceso de contratación pública.

Otra de las medidas importantes para unificar los procedimientos de contratación y dar mayor seguridad jurídica es la supresión de las instrucciones de contratación a los poderes adjudicadores no Administración Pública, debiendo a partir de la entrada en vigor de la ley aplicar la ley de contratos en sus contrataciones.

Se favorece la contratación de las pequeñas y medianas empresas, a través de la contratación por lotes con carácter general, invirtiéndose la regla que hasta la aprobación de las Directivas existía en España.

Por otra parte, se introduce en el marco de la Estrategia en la contratación la obligatoriedad de contemplar criterios sociales, medioambientales y de innovación, siempre que las mismas tengan relación con el objeto del contrato.  

Asimismo, se apuesta por nuevos procedimientos de adjudicación como el procedimiento simplificado, el procedimiento de asociación para la innovación, procedimiento con negociación, etc., con la introducción del documento europeo único de contratación como medida para flexibilizar los procedimientos.

Todo ello unido a la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías para favorecer la agilidad y seguridad en la contratación.

En este sentido la RECOMENDACIÓN (UE) 2017/1805 DE LA COMISIÓN de 3 de octubre de 2017 sobre la profesionalización de la contratación pública. Construir una arquitectura para la profesionalización de la contratación pública (Texto pertinente a efectos del EEE) publicada el pasado octubre impone a las Administraciones públicas y a otras entidades del sector público la obligación de formación en esta materia con el objetivo de conseguir una mayor profesionalización que permita cumplir los objetivo perseguidos por la Unión Europea.

Así, con el ánimo de contribuir a conseguir dichos fines, la Fundación Universidad de Empresa en colaboración con la Universitat de València y el Instituto Valenciano de Administración Pública, dentro de sus objetivos, organiza este curso en el que se pretende formar en especial a los poderes adjudicadores y otras entidades del sector público, dando a conocer las principales novedades introducidas por la norma.